l estado islandés pagó daños y perjuicios a una solicitante de asilo albanesa que fue deportada del país en su noveno mes de embarazo. La mujer fue deportada en noviembre de 2019, entonces de 26 años, junto con su esposo y su hijo de dos años a pesar de tener un certificado médico que decía que “se le dificultaría un vuelo largo”. El abogado de la mujer le dijo a Vísir que su cliente está aliviado por el resultado y espera que evite que el estado islandés ponga en riesgo la salud y la seguridad de otras mujeres, así como la de sus hijos por nacer.

A pesar de tener un certificado del Hospital Universitario Nacional que indicaba que tenía problemas de espalda y que un vuelo largo sería difícil para ella, la mujer fue deportada sobre la base de un segundo certificado médico obtenido por la policía. La mujer afirma que nunca fue examinada por el médico que firmó este segundo certificado.

La deportación fue protestada en el momento en que ocurrió, iniciando la Dirección de Salud una investigación sobre el procedimiento de deportación para determinar si violó las normas sanitarias. La Dirección de Salud finalmente dictaminó que el médico que firmó el segundo certificado violó las leyes que se aplican a los trabajadores de la salud y los derechos de los pacientes.

Claudia Ashanie Wilson, la abogada de la mujer, confirmó que el Estado islandés había reconocido su responsabilidad en el caso. Habló con su cliente hace dos días y dice que la mujer se sintió aliviada de que el estado islandés hubiera reconocido que había violado sus derechos al deportarla cuando tenía casi 36 semanas de embarazo. Se negó a indicar la cantidad que se le pagó a la mujer.

“Es de esperar que este incidente haga que las autoridades islandesas reflexionen y garanticen el trato humano de las personas que solicitan protección internacional aquí en Islandia. Parece que a veces olvidamos que se trata de personas, individuos como nosotros, que tienen una gran necesidad”, afirmó Claudia.