Thu. Jun 23rd, 2022

A mediados de enero de 2021, la joven de Sri Lanka comenzó a quejarse de un dolor intenso mientras estaba detenida en una Oficina de Servicios de Inmigración. Finalmente murió el 6 de marzo.

Desde entonces, la familia de Wishma, que vino de Sri Lanka, no ha buscado nada más que justicia. Hace unos días, sus esperanzas se vieron frustradas cuando el Ministerio Público retiró los cargos contra los funcionarios de inmigración por su muerte.

Wishma Sandamali llegó a Japón en 2017 con una visa de estudios, pero en agosto de 2020 la llevaron al centro de detención de Nagoya por no salir cuando expiró su visa.

A principios de 2021, Wishma comenzó a mostrar signos de problemas de salud. Después de que se realizaron pruebas médicas a mediados de febrero, se descubrió que estaba gravemente enferma.

Para la familia Sandamali, su muerte constituye un asesinato ya que altos funcionarios del centro de inmigración no respondieron a sus pedidos de ayuda.

En noviembre pasado, la hermana menor de la víctima, Poornima, presentó una denuncia penal contra 13 funcionarios vinculados a la detención de Wishma, acusándolos de negligencia intencional y de no brindarle deliberadamente la atención adecuada. A ellos “no les importaba incluso si ella moría”, dijo Poornima.

El jueves de la semana pasada, la Fiscalía del Distrito de Nagoya le dijo a la familia que no procedería con los cargos porque sería demasiado difícil probar que los funcionarios no brindaron la atención requerida.

Después de interrogar a personas asociadas con el centro de inmigración, los fiscales decidieron que no tenían pruebas suficientes para acusar a los funcionarios. Para llegar a su decisión, los fiscales consultaron a sus superiores, dijeron fuentes citadas por Asahi Shimbun.

Insatisfechos con la decisión, la familia de la víctima debe presentar una solicitud ante el Comité de Investigación de la Fiscalía, un organismo que revisa la decisión de los fiscales.

El caso de Wishma ha desatado polémica en Japón, generando un debate sobre los abusos a los que son sometidos los extranjeros en las instalaciones de inmigración y cómo reformar las leyes migratorias japonesas.

A raíz del emotivo caso se ha hecho una propuesta de reforma, pero no ha tenido seguimiento.

En los últimos diez años, la baja tasa de natalidad de Japón ha obligado a las autoridades japonesas a abrir el país a la inmigración. Hoy, cerca de 1,7 millones de extranjeros viven y trabajan en el país, dos veces y media más que hace apenas una década.

A medida que la población se reduce y envejece, Japón necesitará cuadruplicar la inmigración. Algunos estudios estiman que para 2040 el país necesitará unos 6,7 millones de trabajadores inmigrantes.

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